Las turbulencias de las bolsas complican la privatización de loterías y de los aeropuertos

España - Las turbulencias en los mercados complican la privatización de las loterías y de los aeropuertos de El Prat y Barajas, aunque el Gobierno está dispuesto a mantener el calendario previsto y a adelantarlo incluso para que el proceso no resulte perjudicado por la anticipación de las elecciones al próximo 20 de noviembre.
El Partido Popular juzga el proceso de "dudoso y nada seguro" y estudia pedir que el ministro de Fomento, José Blanco, comparezca a lo largo de este mes en la comisión permanente del Congreso para explicar el proceso.

El Ejecutivo sigue con la intención de sacar a bolsa Loterías y Apuestas del Estado el próximo mes de octubre y privatizar El Prat y Barajas antes de los comicios. La operación que podría quedar en el aire es la venta del 49% de la matriz de Aena.

Con la salida a bolsa, el Estado espera ingresar por Loterías entre 7.000 y 8.000 millones; mientras que de los dos grandes aeropuertos espera obtener unos 5.300 millones (1.600 millones por El Prat y 3.700 por Barajas).

Los ingresos no pueden dedicarse a reducir déficit, pero dotarán de mayor margen de recursos al Tesoro público, lo que permitirá realizar menos emisiones de deuda a finales de año. Los más de 12.000 millones que se obtendrán representan más del 1% del PIB español.

Las turbulencias y ataques de los mercados a España y las tensiones en la la prima de riesgo no contribuyen nada a lograr financiación para las citadas operaciones. No obstante, la mayor parte de analistas consultados estiman que empresas como Abertis o Ferrovial no tendrán problemas para encontrar bancos financiadores. El Gobierno, y más concretamente el actual secretario de Estado de Transporte, Isaías Táboas, trabajan contrarreloj para que se cumpla el calendario en las concesiones aeroportuarias.

Llama la atención que el mismo día que José Luis Rodríguez Zapatero anunció la convocatoria de elecciones (el pasado viernes 29 de julio), el Consejo de Ministros autorizaba la licitación del 90,05% del capital de las sociedades concesionarias de ambos aeropuertos. De la misma manera, fijaba el calendario: está previsto que el 5 de septiembre presenten sus candidaturas los interesados; en octubre, las propuestas vinculantes con la financiación adjunta y antes de los comicios se adjudiquen ambos aeródromos a las empresas privadas.

Esto supone un adelanto mínimo de mes y medio, ya que el calendario inicial fijaba la licitación definitiva para finales de diciembre, aunque desde Fomento defienden que "los cambios serán mínimos".

Entre las exigencias fijadas en la primera fase destacan dos: que los potenciales compradores tengan participación accionarial superior al 25% en gestores aeroportuarios con tráfico superior a 25 millones de pasajeros (con datos de 2010). y que cuente en el balance con activos por encima de los 3.000 millones de euros.

Los pliegos y las condiciones se encuentran en la web de Aena, pero no se facilita el detalle a los periodistas. Los potenciales compradores esperan rentabilidades por encima del 10% –y si la deuda a diez años está en el 6,5%– hay que afinar el precio para obtener los retornos de rentabilidad esperada. No obstante, sí que las nuevas condiciones abren la puerta a que el canon a pagar cambie en función de las tarifas impuestas para el año 2012.

El PP podría amenazar durante la campaña electoral con revisar las tarifas los próximos años, lo que introduciría incertidumbres al proceso abierto.

Sea como sea, bancos de inversión, consultores y los propios implicados preparan las ofertas y se están constituyendo consorcios. Buscan socios, sobre todo fondos de infraestructuras y soberanos, para que aporten liquidez.

Para Andrés Ayala, portavoz del PP en la comisión de Fomento del Congreso, "se trata de un proceso muy precipitado y en el peor momento político". "Espero que no se malvenda", sentencia.

En opinión de José Luis Ruiz Expósito, socio responsable de mercados de Ernst & Young, "la maquinaria sigue su curso y retrasarlo sería peligroso para la imagen del país". Distintos consultores explican que, con la que está cayendo en los mercados financieros, no sería de recibo que los grupos políticos –desde el punto de vista jurídico– no fuesen capaces de ponerse de acuerdo en un proceso concesional.
Autor: Conchi Lafraya
Fuente: La Vanguardia