Hernán Pérez Loose
Más de cuarenta policías permanecen detenidos acusados aparentemente de intento de magnicidio contra alguien que curiosamente invitó a que lo mataran. Las evidencias en contra del ex director del Hospital donde tomó refugio el Jefe de Estado el aciago 30 de septiembre son en realidad evidencias a su favor. Pero él sigue detenido. Lo más probable es que todas estas personas sean sentenciadas y condenadas por un delito que no cometieron, pues, esa es la única manera como puede dársele una fachada de coherencia a la tesis del golpe de Estado. A eso ha quedado reducida la justicia en nuestro país, para servirle de alfombra al poder. Y todo esto está sucediendo, y sucederá, delante de nuestros ojos, a la luz pública.
En días pasados la redacción de la revista Vanguardia fue allanada bajo el argumento de haberse atrasado en el pago de unos arriendos, sus computadoras fueron prácticamente incautadas, la correspondencia retenida, sus empleados registrados y todo ello con el apoyo de una fuerza especial de militares. Una orden judicial disponiendo la restitución de la información que guardan las computadoras ha sido simplemente ignorada. La prestigiosa revista inglesa The Economist encuentra en los reportajes denuncias de la revista allanada la explicación de semejante actitud. Después de todo, esa es la misma situación de precariedad por la que vienen atravesando otros medios de comunicación, y otros periodistas que no se someten aún a los alquileres del silencio que el poder propicia.
Que el Estado abuse de su poder, que los políticos quebranten la Constitución setenta veces siete, que quienes gozan –aunque sea transitoriamente– de una posición de autoridad política o privilegio económico, violen toda norma de convivencia civilizada, incluyendo constituciones y leyes, son situaciones que hasta cierto punto pueden pasar como naturales y explicables.
Pero lo que resulta inexplicable es que la sociedad que sufre estos embates permanezca impasible. Es increíble que los abusos antes mencionados, y mucho más que se han dado en este año que termina, no han sido materia de ninguna protesta por parte de las asociaciones organizadas para defender los derechos humanos en el Ecuador. Lamentablemente estas organizaciones han quedado secuestradas por el propio poder del que se supone deben defendernos. Han caído fácilmente en la deslealtad de defender los derechos únicamente de las personas u organizaciones a las que tienen simpatías ideológicas, y hasta personales.
Esta inmovilidad de los ecuatorianos de no reaccionar frente a los abusos que se cometen contra terceras personas es lo que ha permitido la instalación de una cultura del autoritarismo, y que no es únicamente de ahora. No solo que desde antes se viene “matando la gente”, como anota un funcionario recién designado, sino que también desde antes se viene abusando del poder.
Esta tolerancia contra el abuso –especialmente cuando “no es conmigo”–, esta falta de reacción, ¿justificaría acaso la visión que tienen muchos sociólogos norteamericanos y europeos que la democracia como sistema de gobiernoy forma de vida no está hecha para países como el Ecuador?
En días pasados la redacción de la revista Vanguardia fue allanada bajo el argumento de haberse atrasado en el pago de unos arriendos, sus computadoras fueron prácticamente incautadas, la correspondencia retenida, sus empleados registrados y todo ello con el apoyo de una fuerza especial de militares. Una orden judicial disponiendo la restitución de la información que guardan las computadoras ha sido simplemente ignorada. La prestigiosa revista inglesa The Economist encuentra en los reportajes denuncias de la revista allanada la explicación de semejante actitud. Después de todo, esa es la misma situación de precariedad por la que vienen atravesando otros medios de comunicación, y otros periodistas que no se someten aún a los alquileres del silencio que el poder propicia.
Que el Estado abuse de su poder, que los políticos quebranten la Constitución setenta veces siete, que quienes gozan –aunque sea transitoriamente– de una posición de autoridad política o privilegio económico, violen toda norma de convivencia civilizada, incluyendo constituciones y leyes, son situaciones que hasta cierto punto pueden pasar como naturales y explicables.
Pero lo que resulta inexplicable es que la sociedad que sufre estos embates permanezca impasible. Es increíble que los abusos antes mencionados, y mucho más que se han dado en este año que termina, no han sido materia de ninguna protesta por parte de las asociaciones organizadas para defender los derechos humanos en el Ecuador. Lamentablemente estas organizaciones han quedado secuestradas por el propio poder del que se supone deben defendernos. Han caído fácilmente en la deslealtad de defender los derechos únicamente de las personas u organizaciones a las que tienen simpatías ideológicas, y hasta personales.
Esta inmovilidad de los ecuatorianos de no reaccionar frente a los abusos que se cometen contra terceras personas es lo que ha permitido la instalación de una cultura del autoritarismo, y que no es únicamente de ahora. No solo que desde antes se viene “matando la gente”, como anota un funcionario recién designado, sino que también desde antes se viene abusando del poder.
Esta tolerancia contra el abuso –especialmente cuando “no es conmigo”–, esta falta de reacción, ¿justificaría acaso la visión que tienen muchos sociólogos norteamericanos y europeos que la democracia como sistema de gobiernoy forma de vida no está hecha para países como el Ecuador?
http://www.eluniverso.com/2010/12/28/1/1363/espejismo.html?p=1354A&m=4
