Gobernadores de 19 estados brasileños comenzaron esta semana una peregrinación masiva al Palacio Presidencial y al Congreso Nacional para pedir una mayor inversión de recursos en Salud. Con el propósito de hacer realidad este pedido, en el país surgió un discurso al unísono para impulsar la creación de un nuevo impuesto en línea con la extinta Contribución Provisional sobre las Transacciones Financieras (CPMF, por sus siglas en portugués).
Se habían contemplado otras alternativas para encontrar dinero para Salud: el aumento del Impuesto sobre los Productos Industrializados para cigarrillos, cobrar un impuesto al juego en caso de que se apruebe el proyecto que regula el bingo, el impuesto sobre grandes fortunas y el aumento del seguro de los automóviles conocido como DPVAT. Sin embargo, renunció a todo, argumentando que serán difíciles de implementar.
Como actualmente el Congreso no está en condiciones de aprobar un nuevo impuesto, el Gobierno estudia la alternativa de financiar al sector Salud con regalías petroleras de extracciones provenientes de los yacimientos más profundos del mar. La idea es que una cierta cantidad de dinero de las regalías ingrese a un fondo y luego sea devuelto a los gobiernos de los estados federativos para financiar la Salud.
Algunos sectores habían manifestado que si la Presidente, Dilma Vana Rousseff, y los parlamentarios brasileños realmente querían crear una nueva fuente de financiación para Salud la solución era simple: legalizar la operación de salas de bingo y casinos y gravar los juegos de azar.
Quienes se declararon a favor de esta iniciativa argumentaron que se generarían más de 400.000 puestos de trabajo y alrededor de mil millones anuales en tasas e impuestos para las arcas del Estado. Además, el juego hace que las ciudades incrementen su potencial turístico. Uno de los obstáculos para legalizar los bingos y casinos en Brasil son las bancas religiosas dentro del Congreso Nacional.
Ante estas voces, el Gobierno no tardó en negar la posibilidad de legalizar los juegos de azar para atraer mayor dinero a Salud. “De parte del Gobierno no se apoya la legalización del juego”, aseveró Ideli Salvatti, Ministra de Relaciones Institucionales. “El Congreso debe evaluar cuestiones que puedan contribuir con nuevos recursos para Salud”, agregó la funcionaria.
Todas estas discusiones se dan en el marco de la discusión por el establecimiento de la norma llamada “Enmienda 29”, que establece parámetros mínimos para que los entes federativos inviertan recursos para la financiación de acciones y servicios de Salud Pública.
Fuente: Terra.com.br
