Nuevo León es el estado con más casas de juego, que se incrementaron en 300% en un año, al pasar de 20 en 2010, a 60 en 2011.
El gobierno municipal de Monterrey, Nuevo León, denunció que los casinos abren sin su anuencia, en algunos casos sin permiso de la Secretaría de Gobernación (Segob), y sí con amparos y resoluciones judiciales.
La empresa Atracciones y Emociones Vallarta se deslindó de la operación del Casino Royale que fue atacado el pasado jueves por un grupo armado, provocando la muerte de 53 personas.
La familia Aguirre Vizzuett, que opera la empresa, aseguró que el casino pertenece a Ramón Madero Dávila, propietario de la línea aérea Aviacsa.
Atracciones y Emociones Vallarta tiene 26 establecimientos en operación, de los cuales cinco están en Nuevo León, sin que ninguno coincida con la dirección de Casino Royale.
Sin embargo, los permisionarios tienen la facultad legal de arrendar a un tercero los permisos obtenidos ante Gobernación, y los cuales se otorgan por periodos de hasta 20 o 25 años.
Por ejemplo, la citada empresa obtuvo en 1992 permisos para operar un hipódromo, cuatro centros de apuestas remotas y cinco centros con sala de sorteo de números. En 2009, gracias a la sentencia del juez Armando Jerezano, con residencia en Torreón, Coahuila, Gobernación concedió 41 permisos para la instalación de salas de sorteos.
Actualmente la supervisión de la Secretaría de Gobernación a los establecimientos de juegos y sorteos es casi nula, basada en el trabajo de sólo 46 inspectores para todo el territorio nacional.
Se ha reportado la salida de 40 inspectores de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, cuyas plazas todavía siguen vacantes.
En los últimos dos sexenios aumen-tó la operación de cientos de centros de apuestas, sin que se haya actualizado el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Por ejemplo, por un acuerdo legislativo reciente se creó un consejo consultivo para resolver decisiones relevantes, en el que participen tres representantes de la sociedad civil, y que a la fecha están vacantes.
Con ese equipo de inspección al cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento, la Secretaría de Gobernación debió supervisar al Casino Royale de Monterrey, y cientos de lugares de juego más en todo el país.
En la lista de permisionarios está la empresa Apuestas Internacionales con 48 centros de juegos y sorteos en operación; Operadora Cantabria con 48 más; Hipódromo de Agua Caliente, 45; Promociones e Inversiones de Guerrero, 44, y Libros Foráneos 34, entre otras.
Espectáculos Deportivos de Cancún, Espectáculos Deportivos de Occidente, Juegos y Sorteos de Jalisco y Cesta-Punta Deportes tienen permisos, pero no establecimientos en operación.
El registro público de permisos y permisionarios de hipódromos, galgódromos, centros de apuestas remotas y de salas de sorteos con números, encubren el nombre comercial de los negocios, lo cual protege la identidad de los propietarios de los centros de apuestas, como lo dispone el reglamento.
La operación de casas de juegos y sorteos opera con base en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que data de 1947, de la época de Miguel Alemán, que autoriza los sorteos, el ajedrez, las damas, dominó, dados, boliche, bolos y billar; los juegos de pelota, las carreras de personas, vehículos, animales y toda clase de deportes.
En 2004, Vicente Fox firmó el reglamento actual para permitir carreras de caballos, peleas de gallos, autorización de ferias y la lotería tradicional.
En el reglamento se incluyeron sanciones, en las que está prevista una multa de 10 mil pesos para casos de incumplimientos que no sean graves o frecuentes, y en caso de hechos graves se aplicaría la revocación del permiso y clausura del establecimiento.
Fuente: El Universal
