Análisis del diario Hoy
Hasta el momento, la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solo ha confirmado lo que se ha venido repitiendo sobre el llamado Quinto Poder: la ficción de participación ciudadana que representa ese nuevo poder creado por la Constitución de Montecristi y su subordinación al Gobierno. A ello, se debe agregar la lentitud que ha caracterizado al cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución.
El Consejo de Participación se ha estrenado solo en estos días en el proceso de las primeras elecciones de los titulares para las superintendencias: las de Banco y Telecomunicaciones, que fueron posesionados ya por la Asamblea, y la de Compañías, en la que el voto dirimente de la presidenta del consejo allanó el camino para la selección al desechar las impugnaciones presentadas contra Soad Manssur Villagrán, la candidata que ocupa el primer lugar de la terna enviada por el Presidente de la República para la Superintendencia de Compañías.
Primero, ¿en virtud de qué gracia representan los integrantes del consejo a la ciudadanía si su origen no es el voto popular, sino que fue un cuestionado concurso de oposición y méritos?
Segundo, ¿de qué amplia participación ciudadana se puede hablar en el organismo? Estos procesos iniciales evidencian más bien el déficit de ciudadanía.
Tercero, ¿no es contradictoria en sus propios términos la participación ciudadana cooptada por moldes institucionales del Estado, tanto más cuanto una tendencia característica del sistema es el hiperpresidencialismo y el actual Gobierno ha demostrado su inclinación a absorber y concentrar todos los poderes?
Lo que aconteció con la impugnación de la primera candidata de la terna de Carondelet a superintendente de Compañías es una muestra del peso definitorio del Gobierno en el proceso: tres consejeros votaron a favor de la impugnación por supuestos conflictos de intereses de la candidatura de Manssur. La organización Contraloría Social la impugnó por haber votado como representante del Presidente de la República la resolución 1269 de la Junta Bancaria, que el año pasado benefició a dos hermanos de la candidata al condonar deudas con la banca cerrada. Manssur acudió el miércoles al consejo en compañía del asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, para presentar sus pruebas de descargo. Tres consejeros se pronunciaron en contra de la impugnación. La presidenta, Marcela Miranda, que se abstuvo inicialmente de pronunciarse, inclinó finalmente la balanza a favor de Manssur. El pastoreo de Mera en el proceso dio resultado. El asambleísta Andrés Páez cuestiona: “Qué se puede esperar de una persona como Miranda, que se halla subordinada al Ejecutivo y apadrinada por el canciller”.
Reproducido de la edición del jueves 6 de enero.
